Representantes de 67 Estados firmaron, el pasado 3 de junio en Nueva York el nuevo Tratado sobre el Comercio de Armas. Colombia, a pesar de haber votado de forma positiva la creación del Tratado, no se adhirió a este en la ceremonia de apertura de ratificaciones.
La aprobación del Tratado se dio el 2 de abril de este año con la participación de Colombia y otros 154 Estados que votaron a favor de la existencia de esta Convención ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Presidente Juan Manuel Santos, durante la Cumbre Celac-Unión Europea, realizada en Santiago de Chile el 26 y 27 de enero, afirmaba la necesidad de un mayor control y buscar nuevas alternativas para encontrar soluciones al comercio de armas “Las armas, como las drogas, están generando problemas crecientes de violencia en nuestras sociedades”, afirmó el Presidente.
El primer país en firmar el Tratado fue Argentina a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman. Durante la firma del tratado participaron el presidente de la Conferencia Final para el Tratado de Comercio de Armas, Peter Woolcott, la Vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja y la alta representante para el Desarme, Angela Kane.
Al finalizar la apertura de firmas del tratado 67 países firmaron el tratado: Albania, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Las Bahamas, Bélgica, Belice, Benín, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Chipre, Republica Checa, Dinamarca, Yibuti, Republica Dominicana, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Granada, Grecia, Guyana, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Corea del Sur, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mali, Malta, Mauritania, México, Montenegro, Mozambique, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Palaos, Panamá, Portugal, Romania, Santa Lucia, San Vicente y Las Granadinas, Senegal, Seychelles, Eslovenia, España, Surinam, Suecia, Suiza, Tanzania, Togo, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uruguay, and Reino Unido.
El Tratado del Comercio de Armas de la ONU busca establecer controles en materia de venta de armas que vayan o puedan ser usadas en genocidios o crímenes contra la Humanidad. Al mismo tiempo, se crearán exigencias para que los Estados revisen los contratos internacionales de armas, con el fin de garantizar que éstas no sean usadas para cometer actos de terrorismo, abusos de derechos humanos, violaciones de la ley internacional humanitaria o en el crimen organizado.