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Según Amnistía Internacional, la coalición conformada por Emiratos Árabes, Bahréin, Egipto y liderada por Arabia Saudita, han perpetrado más de 41 ataques aéreos que se han considerado una violación del Derecho Internacional Humanitario; la guerra ha dejado más de 17.640 civiles muertos y heridos[1].
Gracias a la presión de organizaciones no gubernamentales (ONG´s), algunos países europeos como Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Grecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, incluso países occidentales como Estados Unidos y Canadá, han suspendido y bloqueado la venta de armas a Arabia Saudita y Emiratos Árabes, debido a que estas armas van a parar en bombardeos a civiles inocentes dentro conflicto armado en Yemen.
La transferencia de armas por parte de Colombia se ha efectuado sin tener en cuenta las fuertes acusaciones realizadas por la comunidad internacional de reiteradas violaciones de los derechos humanos por Emiratos Árabes Unidos, EAU, en los enfrentamientos con su vecino país Yemen, el cual se encuentra inmerso en un conflicto armado.
Según los informes de gestión[2], Colombia ha logrado un fuerte posicionamiento en las exportaciones de armas en los últimos años. Su empresa comercial e industrial encargada de la fabricación y producción de armas, INDUMIl, adscrita al Ministerio de Defensa, representó para el 2018, (año en el que sus ventas alcanzaron las más altas cifras de la historia), el 95% de sus ingresos con un estimado de $68.343 millones de pesos, frente a los $8.400 millones de pesos que presentó en 2017.
Estas cifras se dieron gracias a la venta de bombas MK 81 de 250 libras PG y MK 82 de 500 libras PG, que se concretaron con Emiratos Árabes por un valor de 22,4 millones de dólares[2]. De igual manera, se estimó la venta de bombas y munición a Arabia Saudita por un valor de 39.000 millones de pesos en la gestión del 2019.
Un informe realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, detalla cómo los gobiernos de Yemen, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, así como los Hutíes, han gozado de una “falta de responsabilidad generalizada” tras múltiples violaciones entre las que se incluyen bombardeos indiscriminados, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, uso de minas terrestres, violencia sexual y de género.
El informe pide el cese inmediato de todos los actos violentos cometidos contra los civiles y exige a las partes adoptar medidas de protección con el fin de garantizar los derechos y la administración de justicia para las víctimas.
Colombia, como garante del compromiso para contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional, debe suspender o bloquear la venta de armas a estos países de medio oriente, no sólo porque se están utilizando para estallar a gran magnitud el conflicto que se lleva a cabo en Yemen, sino también por las violaciones a los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y a los principios del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) del cual somos signatarios.
Arabia Saudita y Emiratos Árabes son el centro de la polémica por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, por lo tanto, Colombia debe comparecer y verificar mediante los controles internos y la legislación internacional, los procesos de las transferencias de armas y el mantenimiento o flujo de las exportaciones, como lo han realizado varios países de la UE, Estados Unidos y Canadá.
LA GUERRA EN YEMEN
El conflicto armado en Yemen se remonta en 2004, tras el asesinato de Hussain Badr al Din al Houthi, fundador del movimiento Huzi, lo que desencadena la primera de seis guerras con el gobierno del presidente Ali Abdullah Saleh dentro de la región noroccidental de Yemen, considerada como su bastión septentrional, el Saada.
Durante el sexto conflicto, los combates se expanden hasta territorios de Arabia Saudí, quienes lanzarían posteriormente fuertes y feroces ataques aéreos contra el grupo armado de los Hutíes en Saada. El conflicto estalló por las revueltas populares en 2011, el presidente Ali Abdullah Saleh tuvo que abandonar el poder tras haberlo ejercido durante 33 años, debido a los levantamientos que se dieron en toda la región por las fuertes acusaciones de corrupción y mala gobernanza del mandatario.
El vicepresidente Abd Rabbu Mansour Hadi va a presidir a Saleh, este va a organizar una Conferencia de Diálogo Nacional, con el fin de abordar temas relativos a la gobernanza y la reforma del Estado, pero después de dos años de consultas, el conflicto se torna cada vez más intenso, ya que la propuesta de implementar un nuevo mapa federal que dividía Yemen en regiones, no tomó en cuenta la distribución de los recursos naturales, las regiones comerciales, las zonas agrícolas y finalmente, los accesos a los puertos. Este proyecto recibiría un apoyo mínimo por parte de la población y de la oposición, entre ellas los Hutíes.
Para 2014, los Hutíes logran extender su poder y control territorial en el Saada y las regiones septentrionales de Yemen, incluyendo las fuerzas armadas de la capital, el Saná. Esto se da gracias a la alianza que se forjó con el ex presidente Saleh, contra el cual habían luchado durante decenios. Tras la toma de la capital a inicios de 2015, el presidente Abd Rabbu Mansour Hadi y los miembros de su gobierno se vieron obligados a exiliarse en el vecino país, Arabia Saudita.
Finalmente, la intervención de la coalición de Estados encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se da el 25 de marzo de 2015 tras la petición del presidente Hadi, con el objetivo de retomar el país del grupo armado Hutíes e implantar un nuevo gobierno que fuese reconocido en el escenario internacional.
Las operaciones dan inicio a un conflicto armado abierto debido a los bombardeos aéreos por parte de la coalición contra las fuerzas huzíes. En los siguientes cuatro años, el conflicto se va a extender por todo Yemen, sin tener en cuenta que las partes dentro del conflicto se multiplicarían sustancialmente, entre ellas, los grupos armados respaldados y financiados por la colación como los denominados Cinturón de Seguridad, los Gigantes y las Fuerzas de Élite.
Estos nuevos grupos armados favorecidos por la coalición, no solamente se le suministran armas occidentales de manera irresponsable para combatir en el conflicto armado, sino también son financiado y adiestrados para el combate.
Según estudios de Amnistía Internacional, Más de 17.640 personas han muerto o han resultado heridas y la crisis humanitaria se ha intensificado debido a los bloqueos parciales que han instaurado Arabia Saudita y Emiratos Árabes unidos (EAU) por mar y aire a Yemen. Aproximadamente 14 millones de personas en el país sufren inseguridad alimentaria[3] y más de 22 millones de personas, necesitan ayuda humanitaria, teniendo en cuenta que la mitad de las instalaciones médicas están cerradas y el 18 % de distritos no disponen de ningún médico.
¿QUÉ HACER AL RESPECTO?
Campaña Colombiana Contra Minas junto con otras Organizaciones no gubernamentales (ONG´s), hacen un llamado al gobierno Colombiano para ser más rigurosos al momento de realizar ventas y exportaciones de armas, analizando detalladamente a sus compradores y el destino de las armas.
[1]Véase: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war/
[2]Véase:
https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Informe-de-gestion-2018.pdf
[2]Véase:
https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Informe-de-gestion-2018.pdf
[3]Véase: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war/
Autor: Alejando Castañeda – Asesor de desarme de la Campaña Colombiana Contra Minas
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