Los habitantes indígenas y afro descendientes de las veredas Betano, Palmira, Mandur, San Antonio del Coboy, Tres Islas, San Lorenzo, Candelaria, Nueva Esperanza, La Cabaña, Campiña, El Sabalo y Mesas del Sabalito, situadas en el departamento de Putumayo, en zona fronteriza con Ecuador, denuncian violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario a partir del mes de febrero, ocasionadas en parte por las labores de erradicación manual forzada.
Las comunidades manifestaron en un comunicado que a partir del 8 de febrero llegaron a la zona más de 200 erradicadores acompañados por la Policía antinarcóticos y el Ejército. Dicen que se les ha pedido que cosechen la hoja de coca antes de arrancar las matas, lo que según los habitantes, es un acto “indebido” ya que exponen indirectamente a los campesinos a los peligros en caso de que los Actores Armados No Estatales – AANES – hayan puesto artefactos explosivos en los cultivos, como se ha visto en reiteradas oportunidades.
También denuncian que se han presentado enfrentamientos entre los actores en conflicto muy cerca a las viviendas de la población civil y que a algunos de los miembros se les ha acusado de ser parte de los AANES. Debido al recrudecimiento de las acciones armadas, el comunicado asegura que los actores en combate les han advertido a los pobladores de Nueva Esperanza y La Cabaña que no pueden salir a trabajar a sus fincas. Esta situación ha afectado profundamente la vida de la comunidad quienes se ven limitado su acceso a alimentos y han tenido que abandonar sus tierras y desplazarse a la cabecera municipal.
Además, hay un temor generalizado por la posible presencia de campos minados en la zona. Ya ocurrió un accidente con mina antipersonal en la cuál un niño perdió la vida y su padre resultó gravemente herido.
Tras estas graves denuncias la comunidad pide en su comunicado que se “se cambie la estrategia de salida del conflicto social y armado y que ésta se haga por medio del diálogo y la concertación civilizada”.
Igualmente exigen que se protejan los derechos de los niños estudiantes quienes tienen que desplazarse por diferentes caminos para llegar a sus escuelas y corren peligro por cuenta de las minas antipersonal o podrían quedar en el fuego cruzado. Ver comunicado completo.