El Consejo de Estado le hizo un llamado de atención al presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que se incluya en las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC-EP el tema de las minas antipersonal para buscar una solución a esta problemática que afecta a la población civil no combatiente.
Para el alto tribunal “es imperativo advertir que en todo proceso de paz es fundamental el compromiso de las partes en encontrar todos los medios que sean necesarios para que el desminado humanitario sea una realidad en la etapa del posconflicto, de ello depende el establecimiento de una paz estable y duradera”.
En ese sentido el tribunal, “exhorta al presidente de la República, como supremo director de las negociaciones de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, a que incluya como un punto concreto, la problemática de las minas antipersonal; y aunque si bien, es evidente que el acuerdo no garantizaría, por sí mismo, la eliminación del problema en el corto o mediano plazo, se hace imperativo incluir la discusión de este punto de cara a la eliminación completa de este rezago de la guerra que lastimosamente se extendería hasta el período del posconflicto”.
El pronunciamiento fue hecho al condenar al Ejército Nacional por la muerte de un joven campesino en el municipio de Yalí, en el departamento de Antioquia, en octubre de 1997, cuando activó un rocket que había sido acondicionado por la guerrilla para fungir como mina antipersonal.
La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, analizó el caso y encontró que la acción de la subversión contra la fuerza pública no era un hecho nuevo, como tampoco el minado de los sitios de los atentados, por lo que una medida mínima de protección para la población civil era la demarcación de la zona y la erradicación de los artefactos que estaban ahí.
Por lo anterior, el Ejército tendrá que pagar como indemnización a los familiares de la víctima cerca de 400 millones de pesos. Además, la sentencia será enviada al Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
La Campaña Colombiana contra Minas (CCCM) apoya las declaraciones del Consejo de Estado
La Campaña Colombiana contra Minas (CCCM), apoya las declaraciones del magistrado Enrique Gil Botero, ponente de la Sesión Tercera del Consejo de Estado, al Presidente de la República de Colombia, el señor Juan Manuel Santos Calderón y a los negociadores de las FARC-EP “a que incluyan como un punto concreto, la problemática de las minas antipersonal” como aspecto fundamental en la agenda de negociaciones que se adelanta en La Habana, Cuba. Al mismo tiempo, hace un llamado para que las partes en negociación pongan en práctica esta solicitud hecha por las víctimas de minas antipersonal y hoy por el Consejo de Estado.
Las palabras del magistrado recogen el trabajo de la CCCM, que ha reiterado en los foros convocados para la participación ciudadana con el apoyo del PNUD y la Universidad Nacional, sobre la necesidad de abordar el tema de las minas antipersonal de manera especial en la mesa de diálogo, dada la afectación continua y persistente de población no combatiente en diferentes regiones del país.
Hoy la Campaña Colombiana contra Minas (CCCM) quiere reiterar la petición deconstruir un “Acuerdo Especial” sobre las minas antipersonal, que permita superar las limitaciones que estas imponen, entre otros, a los niños y niñas para el goce efectivo de sus derechos en regiones de departamentos como Putumayo, Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Nariño, entre otras zonas del país.