Una iniciativa, liderada por Estados Unidos y otros países productores y almacenadores de municiones en racimo, para debilitar la prohibición integral de este tipo de arma se hundió en Ginebra, Suiza. El esfuerzo para crear un nuevo protocolo en la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de 1980 (CCAC) fue rechazado el pasado viernes luego de que más de 50 Estados declararan una falta de consenso para adoptarlo.
El borrador del protocolo había sido desarrollado, discutido y negociado durante los cuatro años pasados en respuesta y alternativa a la Convención Contra Bombas en Racimo de 2008, la cual prohíbe de forma integral el uso, la producción, el almacenamiento y el comercio de todas las bombas en racimo.
“La ley que se propuso hubiera constituido una amenaza para los civiles viviendo en un conflicto ya que promovía el incremento del uso de las bombas en racimo” dijo Steve Goose, Director de Armas de Human Rights Watch, y miembro de la mesa directiva de la Coalición Contra Municiones en Racimo (CMC).
“Es sobresaliente y gratificante que tantas Naciones hayan puesto sus preocupaciones de asuntos humanitarios sobre otros intereses y resistieran la presión de aquellos con gran capacidad militar.”
La Convención para prohibir las bombas en racimo ha sido firmada y ratificada por 111 países, incluyendo algunos de los más grandes productores, almacenadores y usuarios de municiones en racimo de las últimas décadas, como el Reino Unido, Alemania, Francia y Holanda. 20 de los 28 miembros de la OTAN también han adherido la convención.
Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel y otros pocos países trataron de impulsar una iniciativa in la cual ellos vetarían las municiones en racimo producidas antes de 1980, pero darían una autorización específica y legal para autorizar el uso de otras municiones cluster. Eso hubiera incluido la gran mayoría de sus arsenales, millones de bombas en racimo las cuáles a su vez contienen cientos de millones e inclusive tal vez billones de submuniciones. Casi todo este tipo de armamento en racimo ya ha sido plenamente documentado por Human Rights Watch y otras organizaciones registrando que su uso le ha causado un daño considerable a la población civil en conflictos durante la década pasada en Afganistán, Iraq, Líbano y Georgia.
Una alianza fuerte entre Noruega, Austria, México y alrededor de 50 gobiernos más, así como varias agencias de la ONU (especialmente el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas), el CICR, la CMC y Human Rights Watch, lucharon contra la creación de este protocolo. Además del daño humanitario que pudo haber traído esta iniciativa, la alianza expresó su profunda preocupación por lo que representa un retroceso en ley internacional humanitaria y podría haber dejado un precedente en el que por primera vez, las Naciones están de acuerdo con una herramienta internacional más débil que una en el mismo tema que ya había sido adoptada previamente.
“Es un gran día para aquellos que se preocupan por la protección de los civiles” dijo Goose. “Este protocolo le hubiera dado protección política y legal a aquellos que quieren continuar usando estas armas que tanto daño y sufrimiento han causado ya”.