La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas, ICBL por sus siglas en inglés, le pidió al gobierno nacional que abandone el reclutamiento de civiles para realizar labores de erradicación de cultivos ilícitos.
El pasado 28 de febrero, 6 civiles erradicadores sufrieron un accidente con mina mientras trabajaban en el departamento de Putumayo. Uno de ellos murió y otro, un joven de 20 años, perdió la vista. El 1 de marzo en el corregimiento de Tierralta, Córdoba, se presentó otro accidente en el que 2 civiles más resultaron afectados por la explosión de otra mina. Uno de ellos perdió un ojo. 3 días después, también en Córdoba, municipio de Monte Líbano, otros 6 erradicadores sufrieron un accidente con mina. No se ha podido obtener información sobre su estado de salud.
Esto evidencia el alto nivel de riesgo al que son expuestos los civiles que son reclutados para trabajar como erradicadores manuales de cultivos ilícitos, y la urgencia de que el gobierno nacional adopte las recomendaciones de la ICBL.
Esta organización, que fue galardonada con el Premio Nobel de Paz en 1997, realizó una visita a Colombia en octubre del año pasado para evaluar la situación de los erradicadores luego de una solicitud presentada por la Campaña Colombiana Contra Minas, CCCM. Durante dicha visita se pudo corroborar el riesgo inminente al que son expuestos los civiles debido a las minas antipersonal y a los artefactos explosivos que los actores armados no estatales utilizan para proteger las plantaciones ilegales.
El informe destaca que si bien el número de civiles víctimas de minas disminuyó en el periodo 2009 – 2010, el número de erradicadores aumentó de 54 a 58 personas en el mismo periodo de tiempo.
También recordó que Colombia, como Estado Parte del Tratado de Ottawa para la prohibición de las minas, tiene la obligación jurídica a la luz del artículo 5.2, de excluir a los civiles de las zonas en las que se conoce o se sospecha que hay presencia de minas antipersonal.
La Misión de la ICBL se reunió con varias instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal – PAICMA, la Cancillería, el Programa de Erradicación Manual de la Policía, y otras organizaciones. Además sostuvo encuentros con algunos erradicadores víctimas y sus familias.