Bogotá D.C., octubre 1 de 2013. El uso de minas antipersonal, una práctica extendida que adoptaron hace tiempo las guerrillas de Colombia, supone un grave riesgo para la seguridad de los desplazados que intentan retornar a sus tierras, así lo reveló Human Rights Watch, en su informe El riesgo de volver a casa.
El documento señala que desde la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, implementada por el gobierno de Juan Manuel Santos, los campesinos y líderes que han intentado recuperar sus tierras a través de esa ley, han recibido diversas amenazas por parte de grupos guerrilleros.
Según datos de la Unidad de Restitución, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han utilizado tradicionalmente minas antipersonal. La presencia de minas en zonas donde estos grupos se encuentran o estuvieron anteriormente activos, representa un obstáculo a la posibilidad de que los desplazados retornen de manera segura a sus tierras.
El informe revela que cerca del 70% de los municipios en los cuales se han presentado solicitudes de restitución, son lugares donde el gobierno ha reportado anteriormente accidentes o incidentes vinculados con minas antipersonal o municiones sin explotar.
Dentro de Colombia, las regiones donde el conflicto armado ha sido intenso y se han sembrado minas, suelen coincidir con zonas de las cuales huyeron desplazados y adonde actualmente intentan regresar, indica el texto.
De acuerdo con el documento, expertos nacionales e internacionales han señalado que las FARC utilizan minas en mayor porcentaje que cualquier otro grupo armado de Colombia. La Campaña para la Prohibición de las Minas Terrestres, declaró en 2012 que “las FARC son, probablemente, el grupo rebelde que más frecuentemente utilizan minas antipersonal en todo el mundo”.
Al analizar las estadísticas gubernamentales sobre accidentes con minas antipersonal y municiones sin detonar es importante considerar que, por diversos motivos, muchos casos no se denuncian, finaliza el informe.
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(*) Información tomada del informe El riesgo de volver a casa de Human Rights Watch.